La capacitación laboral en México es un proceso formal mediante el cual las personas trabajadoras adquieren, desarrollan o actualizan conocimientos, habilidades y competencias relacionados con el trabajo. Jurídicamente, no debe entenderse únicamente como un beneficio que una empresa decide ofrecer: constituye una obligación de los patrones y un derecho-deber de las personas trabajadoras.
Su fundamento comienza en el artículo 123, apartado A, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las empresas, cualquiera que sea su actividad, están obligadas a proporcionar capacitación o adiestramiento para el trabajo.
La Ley Federal del Trabajo desarrolla esta obligación principalmente en su Capítulo III Bis, denominado De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores. El artículo 153-A señala que los patrones deben proporcionar capacitación o adiestramiento a todos sus trabajadores, quienes a su vez están obligados a recibirlos, con el propósito de elevar su nivel de vida, competencia laboral y productividad. Estas acciones deben responder a planes y programas formulados de común acuerdo entre el patrón y el sindicato o, cuando corresponda, la mayoría de los trabajadores.
Aquí existe una precisión importante para cualquier capacitador: aunque en el lenguaje cotidiano solemos utilizar “capacitación” como término general, la Ley Federal del Trabajo distingue entre capacitación y adiestramiento.
La capacitación, conforme al artículo 153-B, tiene específicamente como objetivo preparar a trabajadores de nueva contratación y a quienes puedan ocupar vacantes o puestos de nueva creación. Incluso puede contemplar apoyos para iniciar, continuar o completar determinados ciclos escolares.
El adiestramiento, de acuerdo con el artículo 153-C, se orienta principalmente a quienes ya desempeñan una actividad. Busca actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, informar sobre riesgos y medidas de prevención, incrementar la productividad y, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores.
Por ello, cuando hablamos ampliamente de capacitación laboral, podemos entenderla como el conjunto organizado de acciones de aprendizaje vinculadas con el desempeño y desarrollo de las personas dentro del trabajo, pero debemos reconocer que la legislación utiliza categorías más precisas.
Tampoco basta con simplemente “dar cursos”. La Ley exige que existan planes y programas de capacitación y adiestramiento. Estos deben elaborarse dentro de los primeros sesenta días hábiles de operación del centro de trabajo, abarcar periodos no mayores de dos años, comprender todos los puestos y niveles y establecer las etapas para capacitar o adiestrar al total de los trabajadores.
Además, la capacitación puede impartirse dentro o fuera de la empresa, mediante personal propio o proveedores externos. Cuando intervienen instituciones, escuelas, organismos especializados o instructores independientes en los supuestos previstos por la Ley, éstos deben estar autorizados y registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como regla general, la capacitación o el adiestramiento debe realizarse durante la jornada laboral, salvo las excepciones previstas legalmente.
Finalmente, cuando un trabajador aprueba un curso, la constancia de competencias o de habilidades laborales acredita que lo cursó y aprobó; la legislación también establece obligaciones para las empresas respecto de las listas de estas constancias.
En términos sencillos: capacitar laboralmente no es solamente transmitir información. Es desarrollar de manera planificada y comprobable las capacidades que una persona necesita para incorporarse, desempeñarse, actualizarse y crecer dentro del trabajo, dentro de un marco de derechos y obligaciones establecido por la legislación laboral mexicana.